El siguiente párrafo, extraído de una publicación informativa del llamado “Desarrollo Rural”, ilustra muy bien el lenguaje bien sonante y aparentemente lógico que inunda la actual Política Agrícola Común (PAC):
”Es un hecho evidente que, en el contexto político actual, los sistemas de extensión agraria no pueden ser públicos. Lo dificultan las limitaciones que tienen las Administraciones públicas en materia de gasto y que les impiden crear nuevos cuerpos especializados en materia de extensión y transferencia. También lo dificulta el control que se ejerce desde la UE en el tema de la libre competencia en el ámbito de la prestación de servicios. Por ello, tales sistemas tienen que ser fruto de una buena y eficaz cooperación público-privada, correspondiéndole a la Administración una labor de impulso y supervisión, más que de ejecución y puesta en marcha. Al igual que la misión del SEA como servicio público fue facilitar, en los años 1960 y 1970, que la agricultura familiar se incorporara al proceso de modernización, el actual sistema de extensión agraria tiene una misión similar. Mediante fórmulas innovadoras de gobernanza, debe contribuir a que las explotaciones de tipo familiar no sean excluidas de los grandes desafíos de la digitalización, la sostenibilidad, la sanidad animal y vegetal, así como la lucha contra el cambio climático”.
Como funcionario que lleva 30 años gestionando ayudas y subvenciones de la PAC, opino que este tipo de verborrea bien intencionada y bien sonante y esta forma “burocrática” de enfocar este asunto NO FUNCIONA.
En primer lugar, además del dinero gastado en las propias ayudas en sí. Se gasta bastante más en el ejército de funcionarios, tanto en las Comunidades Autónomas, como en el Estado y en la UE, necesarios para planificar, legislar, controlar, realizar las estadísticas, tramitar las ayudas y los recursos, realizar su pago, publicar centenares de normativas y anuncios en los Boletines Ofciales y el Diario Oficial de la UE y redactar miles de informes y escritos. Por no hablar de otro personal administrativo privado, tales como miles de empleados de banca, agentes de seguros, técnicos, abogados, etc.
Todo ese gasto ingente y multimillonario no sólo no sirve para cumplir los objetivos, ya que el campo sigue cada vez más despoblado o "vaciado", no hay relevo generacional, las explotaciones agrarias son insostenibles económica y ecológicamente; y además todo el mundo está cabreado (agricultores, ganaderos, funcionarios, empresas y consumidores)... Resulta evidente que HAY QUE CAMBIAR DE RUMBO Y DE PARADIGMA!!!
Seamos realistas, esas “fórmulas innovadoras de gobernanza” ni están ni se las espera. Los agricultores y ganaderos jóvenes, activos, emprendedores, bien formados, con conocimientos en agronomía, ecología, economía, informática, pilotos de drones, que tienen alergia a los productos químicos, jamás queman nada y aman a los insectos polinizadores, los pájaros y al “hermano lobo” NO EXISTEN. Como tampoco se conocen empresas privadas dispuestas a invertir en un medio lleno de riesgos e incertidumbres meteorológicas, sanitarias y mercantiles; en un entorno rural cada vez más abandonado, despoblado y carente de infraestructuras y servicios.
¿Qué hacemos entonces? En mi opinión, sería mucho más barato, sostenible y satisfactorio para todo el mundo que fuesen las Administraciones públicas las que formasen y nombrasen a “funcionarios públicos trabajadores rurales multifuncionales”, osea personas que viviesen en los pueblos, capaces de ser agricultores, ganaderos, guías turísticos, personal de apoyo en emergencias (incendios, inundaciones), vigilantes del entorno y del cumplimiento de las leyes; además de realizar labores de gabinete u oficina: redactar informes, llevar la contabilidad de las explotaciones y elaborar y enviar las estadísticas. Con ello sobrarían más de cuatro quintas partes de los funcionarios que actualmente gestionan la PAC, cómodamente sentados desde sus despachos climatizados de oficinas situadas en grandes ciudades.
Ciertamente, esto requeriría de una profunda transformación de la Administración pública, dotándola de criterios y herramientas más empresariales, a la hora de realizar la selección del personal, la medición objetiva de la productividad con su correspondiente repercusión económica. Los funcionarios recibirán sus 14 pagas al año, disfrutarán de vacaciones y días festivos, pero también tendrán el deber de proporcionar productos agrícolas y ganaderos, mediante procesos sostenibles, sanos y ecológicos; así como un deber de cooperación en apoyo logístico y sociocultural, en colaboración con los demás habitantes del medio rural y los visitantes urbanos.
Resuena en el sombrero: "Me and the Farmer".- The Housemartins (Yorkshire (UK), 1987).
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